El Caso Prandi contra Contardi es un proceso judicial argentino que se inició en octubre de 2021, cuando la actriz, presentadora y modelo argentina Julieta Prandi demandó por abuso sexual y violencia económica, a su ex marido Claudio Contardi.

Contexto Desde el año 2000 al 2005, Julieta Laura Prandi y Claudio Raúl Contardi tuvieron un noviazgo. En ese tiempo ella describe ciertas actitudes de control o celos, como que la acompañara a las grabaciones de la telenovela Amor en custodia y la esperara hasta que saliera, con mensajes insistentes, o que a pedido de él tuviera por contrato la cláusula de no hacer escenas sexuales en la ficción. Luego de que, según Prandi, tuviera varios ataques de pánico por estas situaciones decidió romper el noviazgo. En el año 2008 tienen un acercamiento y poco a poco retomaron la relación de pareja.

El 21 de octubre de 2011, se casaron por matrimonio civil. La pareja ya tenía un bebé de diez meses de nombre Mateo. El 27 de octubre de 2012, contraen matrimonio en una iglesia en Pilar. En julio de 2015 nació su segundo hijo, Rocco.

Después de varios episodios de violencia contra Prandi, su amigo, el coreógrafo y productor Sebastián Waizer, la ayudó a irse de su casa en Escobar y separarse. El 14 de febrero del 2019 Prandi declaró: «tomé fuerzas y me fui de mi casa, sin un peso y decidí rearmar mi vida, buscando un nuevo techo donde poder proteger a mis hijos y a mí misma».

En 2019, en el programa televisivo de Susana Giménez contó como logró irse de su casa, y dio detalles de cómo Contardi fue controlando distintos aspectos de su vida.

En diciembre de 2019, Prandi denunció a su ex marido Contardi por violar la distancia perimetral dictada por el juez. En 2021, también solicitó que se suspendiera el régimen de visitas de sus dos hijos, junto a su abogada Ana Rosenfeld. Contardi demandó por impedimento de contacto con sus hijos.

En 2020 comenzó una relación de pareja con el músico y cantante Emanuel Ortega.

Instancias thumb|150px|Mariano Peluffo testigo en la causa judicial. En 2021, Prandi realizó la primera denuncia ante la UFI N° 4 de Escobar. Claudio Contardi es acusado de abusos sexuales reiterados entre 2015 y 2018.

La querella fue patrocinada por el equipo de los abogados Burlando y Baños.

En abril de 2021 se le impuso un «bozal legal» a Prandi, por lo que no podía hacer declaraciones públicas.

En 2024, Prandi presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su novela inspirada en hechos reales Yo debería estar muerta.

El 6 de agosto de 2025, después de seis años de espera, comenzó el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi. Ese mes declararon más de trece testigos de la causa, amigos y familiares; entre ellos el productor y coreógrafo Sebastián Waizer, el conductor y locutor Mariano Peluffo y el músico Emanuel Ortega.

En el caso presentaron testimonio e informes psicólogos forenses y psiquiatras forenses, aportando pericias que arrojaron daño a la salud mental de Prandi. También Prandi relató ante los magistrados un patrón de violencia psicológica, física y sexual ejercido durante al menos tres años. El 8 de agosto el abogado Javier Baños fue el encargado de dar el alegato final.

La defensa por su parte pidió la nulidad del juicio y que el acusado sea juzgado por un jurado popular. La fiscalía pidió 20 años de prisión para el imputado, mientras que la querella con los abogados Baños y Burlando solicitaron 50 años.

Mientras se esperaba la sentencia se rechazó el pedido de prisión preventiva para Contardi, y se le ordenó no salir del país. Asimismo, el abogado Fernando Burlando pidió para Prandi un botón antipánico y medidas de protección adicionales.

Sentencia El 13 de agosto de 2025, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate Campana, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado», con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. En ese momento se ordenó la inmediata detención de Contardi, y por Ley N° 26.879 pasa a formar parte del registro de condenados por delitos contra la integridad sexual del Ministerio de Justicia. Fue trasalado a la Alcaidía 3 de Melchor Romero.

Fue atenuante que el implicado Contardi no tuviera antecedentes penales, pero también se tuvo en cuenta la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El mismo día de la sentencia Contardi cambio su abogado. Su nuevo representante legal pidió la nulidad de la sentencia, la nulidad del juicio, la realización de un nuevo juicio por jurado popular, la libertad inmediata del empresario y la admisión de nueva prueba.

En enero de 2026, el nuevo abogado de Contardi presentó una apelación, un recurso judicial para solicitar prisión domiciliaria, un beneficio que fue rechazado en instancias anteriores. La audiencia como parte de un protocolo habitual dentro del sistema judicial argentino será realizada en forma virtual, el 12 de febrero de 2026.

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